Por: Alfonso Silva Santisteban
¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justica! Las voces de alrededor de setenta mujeres trans rebotaban en la fachada de la Comisaría de Alfonso Ugarte, generando un eco que se escuchaba a unas cuadras. ¡Ruby! ¡presente! ¡Priscila! ¡presente! ¡Camila! ¡presente! ¡Erika! ¡presente! ¡Fiorella! ¡Presente! Gritaban, levantando las pancartas en mano que exigían no más violencia.
Entre enero y febrero del 2023, seis mujeres trans fueron asesinadas en el país, cinco de ellas en Lima por el crimen organizado, en una disputa territorial por controlar las calles de Lima y extorsionar a las trabajadoras sexuales.
RUBY TORRES Y PRISCILLA AGUADO
“Al principio, en el 2022, empezó un grupo que se hacía llamar Los Gallegos pidiendo (a las mujeres trans) el pago de cupos por estar en la zona”, dice Sheyla Palma, mujer trans trabajadora sexual del Centro de Lima y líder comunitaria. Como el número del que recibían los mensajes venía de la cárcel, las mujeres trans decidieron ignorar las amenazas. “El tema pasó. Pero la disputa volvió por el uso de las mismas calles”, dice Palma.
El día viernes 10 de febrero del 2023, la Municipalidad de Lima ordenó cerrar varias de las casonas en un cuadrante entre las avenidas Alfonso Ugarte, Zepita y Peñaloza. En esas calles decenas de mujeres ofrecen sexo a cambio de dinero. La mayoría son migrantes venezolanas, muy jóvenes. Todos los días, desde la 1 de la tarde, se paran por unas 12 horas afuera de los hostales de la avenida que actúan como prostíbulos.
El operativo obligó a las migrantes a desplazarse a calles paralelas, a la zona que usualmente es utilizada por mujeres trans para el comercio sexual.
En el Perú, la prostitución no es ilegal, pero no está regulada. El proxenetismo y la explotación sexual sí son delitos. Las autoridades confunden muchas veces la ilegalidad y terminan persiguiendo a quienes ejercen la prostitución, como lo explica diagnóstico de enero del 2024 sobre la situación de trabajadoras sexuales migrantes en Lima, publicada por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). En el informe se señala cómo las autoridades acosan a las trabajadoras sexuales, persiguiéndolas y llevándolas a comisarías para controles de identidad.
Muchas veces las violentan física y verbalmente. Es una forma de disuadirlas de ocupar las calles. Pero mientras los problemas de fondo, como la falta de empleo o la pobreza persisten, el trabajo sexual continúa. Solo cambia de lugar. Algo así como barrer debajo de la alfombra.
Al día siguiente de la intervención municipal, empezaron las discusiones entre mujeres cis y trans por ocupar las calles del Centro. Insultos, empujones, amenazas. En la noche del 12 de febrero, dos personas en un auto, simulando ser clientes, recogieron a Ruby Torres y Priscila Aguado, ambas mujeres trans trabajadoras sexuales. Torres, de 31 años, era migrante de Iquitos. Aguado, de 19, era del Callao. A la mañana siguiente, otras mujeres trans de la zona recibieron un video por WhatsApp. Era Ruby siendo grabada por alguien que en la otra mano tenía un arma semiautomática.
“Te bajas a tiros de esa maldita plaza”, le dijo antes de disparar 30 veces. El cuerpo de Torres fue abandonado en Carabayllo. “Recibo el de Ruby y a los diez minutos recibo el de Priscila. Dos compañeras al mismo tiempo”, dice Sheyla Palma, mujer trans trabajadora sexual del Centro de Lima y líder comunitaria. Priscila había sido asesinada unas horas antes y su cuerpo abandonado en San Juan de Miraflores.
En todo el 2022, el Observatorio de Derechos TLGBI registró ocho asesinatos de mujeres trans en el Perú. En los primeros dos meses del 2023 había registrado seis.
EXPLOTACIÓN SEXUAL
En los últimos años, el crimen organizado, principalmente de mafias asociadas al Tren de Aragua de Venezuela y sus facciones, han encontrado una fuente de ingresos en las trabajadoras sexuales. Son alrededor de 50 a 60 zonas de prostitución en Lima (las llamadas plazas), donde las mafias extorsionan a quienes ejercen el trabajo sexual, según reporta la Policía Nacional.
A esa situación se le suma la explotación sexual de algunas mujeres, la mayoría migrantes. “Mujeres, niñas y adolescentes a las que ni siquiera las tienen que llevar obligadas. Sino que por la situación, tratan de salir de Venezuela y ellos le pagan el viaje, pero les ponen como condición trabajar para ellos como prostituta”, dice Ronna Risquez, periodista y autora de un libro sobre las actividades delictivas del Tren de Aragua. “Al no tener ningún tipo de ayuda o protección, muchas mujeres caen en esa transacción”, dice.
Lima es la ciudad con el mayor número de migrantes venezolanos en el mundo, según cifras reportadas por Naciones Unidas. Son alrededor de 1 millón, de las cuales la mitad son mujeres. La mayoría de migrantes vive en condiciones precarias. “Todo eso estaba anunciado y nadie hacía nada”, dice Ángela Villón, directora de la Asociación Miluska Vida y Dignidad que trabaja por los derechos de las trabajadoras sexuales desde hace 20 años.
RESPUESTA
“La exclusión es lo que nos expone a esta violencia. No es solo la falta de oportunidad laboral, es la violencia familiar, que te boten de la casa, que no te puedas educar. Te quitan herramientas para defenderte. Así comienza el ciclo de violencia que vivimos”, comentó Leyla Huerta, directora de Féminas Perú. Alrededor de seis de cada diez mujeres trans recurren a la prostitución como fuente de ingresos a falta de otras oportunidades, según reporta un estudio de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.
Los asesinatos de Ruby Torres y Priscilla Aguado marcaron un antes y un después para las trabajadoras sexuales. “Pensar que sales a trabajar y no sabes si vas a regresar con vida o sana a casa. Salir con ese temor”, dice Palma. La crueldad de los crímenes y su difusión por video movilizó a la comunidad.
Al día siguiente de los asesinatos, un grupo de alrededor de 50 personas, la mayoría mujeres trans, realizó un plantón frente a la Comisaría de Alfonso Ugarte y a la DIRINCRI. Ambas instituciones, a pocas cuadras de donde habían ocurrido los secuestros. Una comisión, integrada por Ángela Villón, Leyla Huerta y Gianna Camacho, periodista y activista trans, ingresaron a la DIRINCRI. “Cuando empezamos a conversar, ellos mismos se dieron cuenta que no solo era ir por los asesinos como tal, que era algo más grande. Es ahí donde involucran a la dirección de trata de personas”, dice Gianna Camacho.
A la semana siguiente, hubo otra marcha, esta vez con cientos de asistentes. La respuesta de la Policía ha sido paradójica. En los últimos meses han desarticulado algunas de las bandas, lo que según las activistas consultadas, ha disminuído las situaciones de extorsión. Al mismo tiempo, policías y serenos suelen ser partícipes de la violencia contra las trabajadoras sexuales. Esta se da a través de detenciones arbitrarias, amenazas de deportación a migrantes e incluso violencia física y sexual contra las trabajadoras sexuales, según reporta el informe de la OIM.
En marzo del 2023, la Policía capturó a Andreína Reyes de 19 años, sindicada como autora intelectual de los asesinatos de Torres y Aguado, y a Jackson Sáenz, chofer del auto en el que fueron secuestradas. Daiverson Rodríguez, quien hizo los disparos, está prófugo en Colombia, según reporta la Policía.
Los meses siguientes, disminuyeron los asesinatos, pero aumentó la extorsión en toda la ciudad, según refieren las activistas. En septiembre del 2023, Milenkhaa Coraquillo, una mujer trabajadora sexual, fue asesinada en Lince. A los pocos días, una granada estalló en un local de la zona. La violencia de género no ha parado. Tampoco la disputa entre las mafias.
INACCIÓN DEL MIMP
“La presencia del MIMP en todo este proceso ha sido nula”, dice Gianna García. Como limitante, el programa AURORA del MIMP se enfoca en la violencia en el entorno familiar, lo que no incluye la problemática de la extorsión y la violencia contra trabajadoras sexuales en la vía pública. “Nos mandaban a la mesa de violencia contra la mujer donde las mismas mujeres que integraban la mesa nos miraban como diciendo, qué cosa hacen ellas acá”, dice Villón, explicando que la violencia contra trabajadoras sexuales requiere un enfoque diferenciado.
A raíz de la creciente violencia, el MIMP estableció la “Mesa de Trabajo para luchar contra la violencia y promover los derechos fundamentales de las personas que ejercen trabajo sexual” en diciembre del 2022. Duró seis meses. “Lo único que se pudo hacer fue un plan de trabajo que se aprobó, donde pedíamos un diagnóstico”, dice Villón. Además, buscaban formular un plan de capacitación y sensibilización dirigido a la Policía. Luego de la marcha conmemorando el año de los asesinatos de Ruby Ferrer y Priscilla Aguado y de otros dos plantones frente al MIMP, se reactivó el grupo de trabajo en febrero del 2024.
Sin embargo, es un consenso entre las activistas entrevistadas que la participación MIMP está limitada por el contexto político y las posibles presiones de grupos conservadores desde el Congreso. “Debería ser lo suficientemente autónomo para defender los objetivos por los cuales está”, dice Villón.
Si bien el cobro de cupos y la violencia ha disminuido en los últimos meses, persiste el temor a que las mafias se recompongan. Hay miles de trabajadoras sexuales en toda la ciudad. El negocio de extorsión y de explotación sexual genera millones de soles. “Siempre han habido mafias que buscan vivir de nosotras”, dice Palma, quien luego de los asesinatos se convirtió en activista. Hoy preside la asociación de mujeres trans trabajadoras sexuales, Ruby Fuerza Trans.