Caso Azul Rojas Marín, año 2023: perdón y medidas pendientes

Por: Alfonso Silva Santisteban

En 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) dictaminó que el Estado peruano era internacionalmente responsable por la violación de los derechos a la libertad e integridad personales, a la intimidad, a no ser sometida a tortura, a las garantías judiciales y a la protección judicial, en perjuicio de Azul Rojas Marín.

Azul es una mujer trans peruana, quien fue detenida arbitrariamente el 25 en febrero del 2008 y llevada a una comisaría en Casa Grande, La Libertad. Durante la detención, Rojas Marín fue golpeada e insultada con frases homofóbicas. Una vez en la comisaría, fue sometida a violencia física y sexual.

Cuando fue puesta en libertad, denunció los hechos ante las autoridades. Sin embargo, la denuncia fue archivada tras varias instancias judiciales. Rojas Marín demandó al Estado peruano y el caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La Corte determinó que fue detenida ilegal y arbitrariamente, basada en motivos discriminatorios y violando su derecho a la libertad personal. Los hechos descritos anteriormente y detallados en la sentencia constituyeron para la Corte IDH un acto de tortura contra la víctima. En ese sentido, la Corte declaró la responsabilidad internacional del Perú por la violación de los derechos a la integridad personal, a la vida privada y a no ser sometida a tortura.

Asimismo, la Corte determinó que el Estado no actuó diligentemente para investigar la tortura sexual, violando los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial. Los hechos que apoyan esta afirmación están documentados en la sentencia del tribunal.

El 3 de noviembre de 2022, el Estado peruano pidió perdón a Azul Rojas por la violación de sus derechos humanos en una ceremonia pública en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en cumplimiento de las medidas especificadas en la sentencia. Además de la ceremonia, la Procuraduría General del Estado publicó una resolución (Resolución N° 01-2022-PGE/CD) donde se señalan las entidades responsables del cumplimiento de las otras medidas dispuestas por la Corte.

Pasaron más de doce años y el Estado peruano tuvo que ser demandado por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, para empezar a obtener justicia. No obstante, en junio de 2023, la Corte informó que estaban pendientes las siguientes medidas de reparación por parte del Estado peruano:

1. Promover y continuar las investigaciones que sean necesarias para determinar, juzgar, y, en su caso,

sancionar a los responsables por los hechos de tortura en perjuicio de Azul Rojas Marín.

2. Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional.

3. Brindar gratuitamente, y de forma inmediata, oportuna, adecuada y efectiva, tratamiento médico y psicológico

y/o psiquiátrico a Azul Rojas Marín.

4. Adoptar un protocolo de investigación y administración de justicia durante los procesos penales para

casos de personas LGBTI víctimas de violencia.

5. Crear e implementar un plan de capacitación y sensibilización.

6. Diseñar e implementar, un sistema de recopilación de datos y cifras vinculadas a los casos de violencia

contra las personas LGBTI.

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